Satisfacción de AEFT y Plena Inclusión ante la reforma que elimina la incapacitación judicial

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión subrayan la trascendencia de la aprobación mayoritaria de esta mañana, por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, del proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Ambas organizaciones aseguran que supone un paso fundamental en el trámite parlamentario para la sustancial modificación de la legislación civil y procesal que pretende el proyecto, de forma que ahora solo queda la última revisión del texto en el Senado, para que el actual proyecto pase a ser aprobado como ley y se produzca su entrada en vigor.

Esta reforma acabará “con una injusticia histórica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre las que, actualmente, la ley prevé figuras de sustitución en la toma de decisiones contrarias a la Constitución española y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Cambios

Ambas organizaciones destacan el cambio que va a suponer en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo esta reforma, en especial en lo que atañe al Código Civil. Y destacan que el nuevo texto asume muchas de las aportaciones realizadas por las entidades de discapacidad, como las presentadas por Plena inclusión y la AEFT exigiendo no solo la desaparición de la incapacitación judicial y la sustitución en la toma de decisiones, sino también la prohibición de que entidades prestadoras de otros servicios sean las que apoyen en la toma de decisiones a las personas con discapacidad. De este modo se evitan posibles conflictos de intereses, o promoviendo la creación de figuras de apoyo graduadas en función de las necesidades de cada persona.

A la espera de conocer los términos precisos del Proyecto de Ley a su paso por el Congreso, una vez haya sido debatido y aprobado en la Cámara Alta, ambas organizaciones coinciden en que lo central en esta reforma “es el reconocimiento de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, una reivindicación conjunta en la que no solo estamos la AEFT o Plena inclusión, también la han impulsado entidades como el CERMI y otras muchas dentro del ámbito de la discapacidad”. Un paso, que, recuerdan, “puede compararse al conseguido en 2018, cuando tras la reforma de la Ley Electoral, más de 100.000 personas incapacitadas judicialmente recuperaron su derecho al voto”.

“Este nuevo enfoque marca un antes y un después en el respeto nuestra voluntad y preferencias, así como de cara al fomento de la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad, frente a la situación anterior en la que se sustituía nuestra toma de decisiones”, afirma Cristina Paredero, activista con TEA y representante de la Junta Directiva de Plena inclusión que ha estado presente hoy en el Congreso.