Informe de Plena Inclusióncf

La realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión

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Plena inclusión España ha presentado ‘A cada lado’, un exhaustivo informe sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión que muestra una realidad muy dura donde la invisibilidad de la situación de cientos de personas con discapacidad les coloca como uno de los grupos, entre toda la población reclusa, que sufre con mayor peso la exclusión y el olvido.

Así además lo recogimos en una entrevista este mismo año en El Periódico del voluntariado.

El estudio, en el que han participado 367 personas reclusas con discapacidad y 81 profesionales del programa de prisiones de la confederación más importante del país (agrupa a 935 asociaciones), concluye que solo en el 31.5% de los 743 procedimientos examinados se ha tenido en cuenta la discapacidad en algún momento del proceso judicial.

“Esto supone que existe una alta probabilidad de que en esos procesos se vulnerasen los derechos de las personas debido a las dificultades en la comprensión y/o comunicación o a la imposibilidad de ejercitar adecuadamente el derecho de defensa”, denuncia Inés de Araoz, autora del Informe ‘A cada lado’ y responsable del Área Jurídica de Plena inclusión España. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95%.

Penas privativas de libertad

Otra conclusión de este informe apunta que, aunque la condena penal y la privación de libertad deberían ser el último recurso, en el 90.2% de los procesos se impuso a la persona con discapacidad intelectual una pena privativa de libertad (únicamente o en combinación con otras penas) y la pena únicamente se sustituyó o suspendió en un 3.4% de los casos. Existe un consenso internacional en que las personas penalmente no responsables no deberían permanecer en prisión, no obstante, el 66.7% de las personas cumplen las medidas privativas de libertad en centros penitenciarios y el 33.3% en Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios.

‘A cada lado’ se ha presentado en un seminario online en el que ha participado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, junto a representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Oficina de Lucha contra Delitos de Odio del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad.

El informe de Plena inclusión desvela la existencia de un nivel muy bajo de acceso a los programas de tratamiento que no estén relacionados con la discapacidad como son los programas contra la drogodependencia (9.63%); sobre salud mental (8.15%); alcoholismo (2.22%) o para agresores sexuales (1.85%) a pesar de que en muchas ocasiones el delito fue cometido por alguno de estos motivos. Así, el informe de Plena inclusión recomienda continuar con la línea de trabajo iniciada por Instituciones Penitenciarias respecto al programa para agresores sexuales para lograr adaptar dichos programas a las necesidades de las personas con discapacidad y cumplir así con la finalidad de reeducación y reinserción de la pena.

La mayor parte de las personas con discapacidad intelectual en prisión cumplen íntegramente las penas. El 66.9% de las personas participantes no ha llegado a realizar ninguna salida programada y el 55% no ha solicitado nunca un permiso. Además, únicamente un 5.7% se encuentra clasificado en el tercer grado, la forma más abierta de cumplimiento.

 

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