“Las cárceles están llenas de personas con enfermedad mental”

POR LAURA MONTALVO

De estas y otras cuestiones, como la situación de las cárceles españolas, hemos querido hablar con la jueza Carmen Martínez Perza.

Tras veinte años como abogada es, desde hace cinco y medio, magistrada, ahora titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras. Lleva 15 años en la Comisión de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Sevilla, de la que es cofundadora. Entre otras muchas cosas, esta todoterreno ha coordinado diversos estudios sobre prisiones, y compatibiliza su trabajo como magistrada con su labor como voluntaria impulsando equipos de trabajo en materia de Justicia Pena. Carmen Martínez es vicepresidenta 2ª de UNAD, coordinadora de la Asociación Juezas y Jueces Para la Democracia en Andalucía e integrante de la Comisión de Derecho Penal de esta asociación judicial.

¿Cómo es la situación actual de las cárceles en España?

Las prisiones, salvo en Cataluña, son competencia del Estado. En general han mejorado mucho, no solo en condiciones arquitectónicas, sino también en programas de intervención, por ejemplo, para presos por adicciones o problemas de violencia de género. Las prisiones están mucho más abiertas a la sociedad. Pero la administración penitenciaria tiene problemas gordos, como la sanidad. En las prisiones, la atención sanitaria sigue dependiendo del Ministerio del Interior, y no puede ser que las personas privadas de libertad disfruten de una peor sanidad que las que están libres. Por ejemplo, carecen de especialistas, no hay psiquiatras, y hay escasez de médicos de atención primaria. En cada prisión se depende de los acuerdos concretos que haya con cada Comunidad Autónoma.

Otro problema es la escasez de personal de tratamiento (aunque en Cataluña hay más personal y más recursos para el tema psiquiátrico). Hay una ratio mínima de personal de tratamiento (trabajadores sociales, educadores, juristas o psicólogos) por preso. Menos mal que hay entidades sociales que vienen desde fuera y colaboran.

¿Qué puede hacer el voluntariado para mejorar la situación de las personas privadas de libertad?

Las entidades sociales hacen muchísimo. Por ejemplo, las personas voluntarias que no tienen una formación específica realizan labores importantes de acompañamiento, de escucha. Las personas privadas de libertad comprueban que hay gente que está ahí por ellos;  eso es muy importante. También hay personas voluntarias que tienen formación en programas de atención específica… El trabajo de las ONG, en general, es básico porque tienen además personal para desarrollar gran parte de la actividad de tratamiento penitenciario.

Se cumplen 40 años de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 25 del Código Penal, ¿Son necesarias reformas que ayuden a mejorar estas cuestiones?

La última reforma de la ley fue en 2003, y desde mi organización hicimos una campaña para que la reforma no fuese tan gravosa para personas con adicciones, con problemas de salud mental y exclusión social, porque consideramos que era un retroceso enorme. Se endurecieron las formas de acceder al tercer grado y a la libertad condicional. Sobre mejorar, siempre se puede mejorar. Ahora mismo estoy trabajando en propuestas que vamos a hacer al actual gobierno para la reforma penal, sobre todo para el Código Penal. La última reforma, de 2015 tuvo aspectos muy negativos, queremos que se retroceda en algunas cuestiones, e insistiremos en otras que hemos pedido desde hace tiempo, como que se introduzca de verdad la mediación y la justicia restaurativa en el proceso penal. Debe ser una posibilidad más para solucionar los conflictos, no todo tienen que ser penas y castigos. También pediremos que la libertad condicional vuelva a ser como antes. En 2015 se hizo un disparate, tanto que los penados prefieren en muchos casos que no se les conceda esa libertad condicional. Otra cosa que llevamos pidiendo toda la vida es que los juzgados cuenten con un equipo de expertos (trabajador social, educador y psicólogo) en materia socio sanitaria que pueda asesorar al juez; así podrá saber todas las circunstancias que rodean a la persona que delinque.

Sería una medida para evitar por ejemplo ese porcentaje tan alto de personas con enfermedad mental que acaban en prisión

En las prisiones hay un problema muy grave de salud mental. Hay muchas personas con con problemas de salud mental privadas de libertad. Están muy medicadas y tienen poca supervisión médica. La culpa de que las cárceles estén llenas de personas con enfermedad mental no es de la administración penitenciaria; lo que no puede ser es que demos la espalda a personas con enfermedad mental y que acaben delinquiendo y en prisión. Hay un 40% de personas con enfermedad mental dentro de las cárceles y eso es responsabilidad de la sociedad en general.

La ineficacia del sistema sanitario público en materia de salud mental provoca que vaya creciendo el número de presos y presas con problemas de este tipo . Hay veces que en un proceso se considera que una persona no puede ser imputable, porque por enfermedad no es responsable de sus actos, por ello no se les puede castigar como tal y se les aplican medidas de seguridad terapéuticas, como internamiento en centros psiquiátricos. Pero es que en España (excepto en Cataluña) solo hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, con unas 400 plazas, en Sevilla y en Alicante (para mujeres solo hay en Alicante). Al final estas personas enfermas  acaban en prisión. Es muy grave lo que está pasando. La prisión no está preparada para tratarles. Las comunidades autónomas no están ofreciendo recursos especializados para esta gente, que lo que necesita es tratamiento y no penas de cárcel.

¿El sistema penitenciario está preparado para rehabilitar a las personas, para preparar su reinserción?

Las prisiones no están preparadas para atender médicamente a personas con patologías. En los últimos años la Administración ha impulsado, junto a las ONG, programas de atención a estas personas reclusas para sacarlas cuanto antes de prisión. Como el PAIEM, que recoge pautas de atención especializada hacia personas con algún tipo de trastorno o patología mental. O el programa Puente, enfocado al tercer grado, a que se vayan habituando al contacto con el exterior. En relación al resto de presos, hay que tener en cuenta que la prisión daña. No es un hotel como mucha gente piensa. Es privación de libertad y eso te deteriora mental pero también físicamente.

La prisionización  es la asimilación de la subcultura carcelaria. Un fenómeno que hace que pierdan la adaptación al exterior. La vida es muy distinta dentro. Hay gente que al salir se marea, porque tras estar en prisión tienen la vista hecha a distancias cortas, por ejemplo. En nuestro estado democrático, la finalidad de las penas de prisión, según recoge la Constitución, es la resocialización; es decir rehabilitar, lograr la reinserción social. Lo que pasa que para cumplir con esos objetivos hay que evitar la desestructuración. Una vez que la gente esté fuera es donde tenemos que hacer esa labor de reinserción. Por eso la libertad condicional es un instrumento muy interesante para trabajar con la persona que debe volver a socializarse.

Hay quien piensa que la reinserción es una utopía

La sociedad no suele acoger a estas personas con los brazos abiertos. Y hay mucha gente que pasa muchos años en prisión por delitos variados pero al salir no tiene posibilidades de encontrar una vivienda o un trabajo y dicen que prefieren volver a la cárcel. La reinserción es posible, por supuesto. Una persona que ha cometido un error puede cambiar de rumbo, hay que estar ahí apoyando. Es verdad que hay perfiles complejos, pero la mayoría de las personas que están en prisión son personas recuperables. De hecho es que hay personas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, los delitos patrimoniales están castigados de manera muy desproporcionada. Alguien que entra a la fuerza en un parking, abre un coche y se lleva algo por valor de 15 euros tiene una pena de prisión de dos años, por robo con fuerza. Es un disparate. Además cuando alguien se junta con varios delitos de este tipo, como puede ser una persona con adicciones, suma un montón de años de prisión. Castigamos duramente las conductas y algo tiene que cambiar. España es  uno de los países con menor tasa de delincuencia y con una de las delincuencia menos violentas de Europa. Sin embargo, en tasas de encarcelamiento ocupamos el cuarto o quinto lugar.

En este sentido, es importante señalar que son muchas las entidades sociales que exigen regular la justicia restaurativa

Las conductas que son menos graves deben castigarse menos y debe haber alternativas a la prisión como la justicia restaurativa, que tiene un gran potencial para prevenir la reincidencia ya que se apoya a la persona para que asuma lo que ha hecho.  Se la escucha, se la ayuda para que no vuelva a delinquir. La justicia restaurativa debe estar en el proceso penal de verdad.

¿Recuerda la primera vez que estuvo en una cárcel? 

Sí, perfectamente. Yo trabajaba como abogada y tenía 24 años. Fue la primera vez que vi a una persona presa. Era un hombre que tenía un problema de salud mental y estaba metido en una trama de tráfico de drogas. Fue en la cárcel Sevilla I, dentro de la ciudad, que hoy en día es un centro cívico. Recuerdo esos largos pasillos de un edificio muy antiguo;  tuve una gran sensación de pena.

Los jueces y juezas somos personas pero estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos obligación de aplicar la Ley. Es verdad que yo tengo cierta facilidad para ver los problemas de la gente, tengo sensibilidad, quiero enterarme de lo que les pasa y saber qué hay detrás de sus actos, la realidad de cada familia, cada persona.

Y es que la perspectiva de esa humanidad es muy necesaria, porque como decía Víctor Hugo “la excarcelación no es la libertad. Se acaba el presidio pero no la condena”.