La falta de pago de las subvenciones afecta a más de 300.000 personas en situación de vulnerabilidad

Entidades sociales valencianas reclaman al Consell una deuda de 10 millones de euros

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Luis Vañó, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana (PTSCV)

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana (PTSCV) ha denunciado que la deuda de 10 millones de euros en subvenciones por concesión directa que tiene con sus entidades la Generalitat afecta, en “este especial contexto de pandemia”, a más de 300.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La PTSCV afirma que resulta incomprensible que a las puertas de diciembre no se haya pagado ninguno de los 5 decretos de concesión directa de subvenciones. Estos decretos fueron publicados por la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives y aprobados por el Consell con el fin de asegurar la ejecución en el contexto de pandemia de los programas que desarrollan habitualmente las entidades de acción social con las personas en situación de mayor dificultad de la Comunidad valenciana. La falta de pago está provocando un grave problema de sostenibilidad de los programas que afectan a las personas que se encuentran en peor situación.

Las entidades urgen al “pago inmediato” de una deuda que, aseguran, “pone en riesgo el trabajo que realizan las entidades de acción social con las personas con mayores dificultades en la Comunitat Valenciana”.

El presidente de la Plataforma, Luis Vañó, señala que a esos cerca de 10 millones de los decretos de concesión directa se suma la de una gran parte de ayudas de convocatorias ordinarias de 2020 del global de las consellerías a las que concurren regularmente las entidades, “y que todavía no se han pagado”.

Según Vañó, las entidades “hemos tenido que adaptar nuestros mecanismos de trabajo y programas de atención para afrontar la situación de emergencia social en el contexto de la pandemia pero la administración no ha afrontado el cambio necesario para agilizar el pago de estas ayudas”.

“En esta extrema urgencia y necesidad, este proceso administrativo por parte de la intervención de la Conselleria de Igualdad se debería priorizar y tener ese sentido social de urgencia”, reitera.

A su juicio, “el problema es se viene arrastrando desde hace años, sin que se le ponga remedio, más allá de anuncios y promesas de planes de mejora en la función pública que no llegan a cumplirse”.

Las redes y entidades que conforman la PTSCV reclaman a la Generalitat Valenciana mayor reconocimiento público como representante del Tercer Sector de Acción Social. Desde el inicio de la emergencia, la PTSCV se ha puesto a disposición de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives con el fin de coordinar de manera efectiva la hoja de ruta para paliar el impacto social del COVID-19 en la Comunidad Valenciana.

 

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