El Gobierno se compromete con el Tercer Sector a incluir sus propuestas en la nueva ley de rentas mínimas
El Gobierno incluirá numerosas demandas del Tercer Sector en la nueva Ley de rentas mínimas.
Así se lo ha anunciado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, al presidente de la PTS, Luciano Poyato, en una reunión telemática.
Concretamente, se ha comprometido con la Plataforma del Tercer Sector (PTS) a incluir el 95% de sus propuestas en la ley que el Ejecutivo está ultimando para dar respuesta a la grave situación social por el Covid-19.
Se tienen en cuenta así las necesidades y demandas reales de las entidades sociales y las personas a las que atienden.
Durante el encuentro, Poyato incidió en la necesidad de establecer un sistema estatal de rentas mínimas. Que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo.
Además, defiende su prolongación en el tiempo, más allá de la emergencia social actual.
Y que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para las familias.
En definitiva, subraya, que sirva de instrumento fundamental para la inclusión y cohesión social en España.
Y que se configure como un “auténtico derecho” con independencia del territorio en el que se viva.
“La crisis del Covid-19 hace inaplazable el refuerzo de las redes de seguridad del Estado social para proteger a las personas en situación de exclusión y pobreza”.
La gravedad del momento urge a una acción decidida del Gobierno para asegurar el suelo vital y que no nos ocurra como en la crisis económica del 2008”, ha subrayado Poyato.
El sistema que defiende el Tercer Sector de Acción Social tiene como objetivos eliminar la pobreza severa. Reducir la pobreza infantil y asegurar una vivienda digna. También promover la inclusión social e incorporar la discapacidad y la dependencia, ya que son los colectivos con mayor exposición a la exclusión.
Demandas pendientes
Durante la reunión, el secretario de Estado de Derechos Sociales también se ha comprometido a aprobar una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social.
Y es que actualmente existe una ad hoc para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc.). Y también a poner en marcha a la mayor brevedad posible la nueva convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.
Desde el Tercer Sector se ha insistido en algunas de las demandas pendientes, como crear un Grupo Operativo con el Gobierno para tener una interlocución real, efectiva y productiva. Se trata de poder gestionar, desde el punto de vista social, la pandemia.
En este sentido, han pedido una reunión con el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para tener un canal de comunicación de máxima representación.
Por último, se ha insistido en una gestión “extraordinaria y excepcional” de lo recaudado por la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades del año fiscal 2018 para abordar la crisis. Que pueda realizarse a través de subvenciones nominativas y no tenga que esperar a un Real Decreto que lleva congelado más de un año.
