Cermi reclama la supresión de la esterilización forzosa

La esterilización forzosa se realiza en su mayoría a personas con una discapacidad intelectual o psicosocial sin su consentimiento. Se realiza normalmente a instancias de las familias y tras un proceso de incapacitación judicial. En 2016 ya se llevaron a cabo 140 procedimientos de este tipo y en 2017 hubo 93.

Por ello, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a los grupos parlamentarios la supresión del Código Penal de esta práctica. De hecho, piden que sea una de las primeras leyes que se aprueben en la nueva Legislatura, si esta finalmente se consolida y no hay disolución de las Cámaras.

La permanencia de la posibilidad de someter a prácticas de esterilización sin el consentimiento de la propia persona, fundamentalmente a mujeres con discapacidad, es hoy la mayor violación de derechos contra las personas con discapacidad que persiste en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que urge su desaparición legal.

Ya el Convenio de Estambul prohibió expresamente este procedimiento y la ONU lo consideró una “violación generalizada de los derechos humanos”. Precisamente el pasado mes de abril el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas instó a España  a derogar del Código Penal en el plazo de un año esta facultad, gravemente contraria a los derechos humanos.

Para dar efectividad a este mandato, el CERMI anima a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a presentar cuanto antes la correspondiente iniciativa legislativa de reforma del Código Penal. La plataforma de la discapacidad tiene preparado el texto modelo para desterrar definitivamente del Derecho español la esterilización forzosa.