Solicitan que la Comisión Europea investigue las prácticas de control de fronteras en Ceuta y Melilla
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció ayer en el Congreso de los Diputados para esclarecer la muerte de al menos 12 personas y la devolución de otras 23 en Ceuta la semana pasada. Estas personas formaban parte de un grupo de unas 200 que intentaba entrar a la ciudad española situada en la costa del norte de África.
El ministro reconoció en su comparecencia el uso de material antidisturbio (pelotas de goma y cartuchos de fogueo) como método “disuasorio”, al tiempo que confirmaba que 23 personas llegaron a la playa de El Tarajal de Ceuta donde fueron inmediatamente devueltas a las autoridades marroquíes1.
El ministro ha negado que la devolución de esas 23 personas fuera una “devolución en caliente” que violase la legislación internacional de derechos humanos. Aunque admitió que los migrantes alcanzaron la playa, alegó qué los mismos no alcanzaron el territorio español al no rebasar el cordón de agentes de la Guardia Civil que se encontraba en la orilla, justificando de esta manera la no aplicación de la legislación nacional e internacional vigente.
ECRE, Accem y CEAR cuestionamos esta interpretación del ámbito territorial en el que es aplicable la legislación española y europea basada en un “concepto operativo de control de fronteras”. Las personas que acceden al territorio español deben ser tratadas conforme a la legislación española y europea de asilo y extranjería. Si se confirma que estas personas fueron devueltas a las autoridades marroquíes sin tener en consideración sus circunstancias individuales o sus necesidades de protección internacional, esto constituiría muy probablemente una violación del principio de no devolución establecido en la Convención para de Refugiados de 1951, de la normativa europea de migración y asilo y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que obligan a las autoridades españolas a garantizar el acceso a la protección internacional y a respetar el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de trato inhumano y/o degradante.
ECRE, Accem y CEAR solicitan al gobierno español el cese inmediato de cualquier práctica que pueda poner en peligro la vida de las personas y que impida su acceso a la protección internacional así como una completa e independiente investigación por parte de las autoridades españolas competentes. Las tres organizaciones también instamos a la Comisión Europea a que investigue de forma inmediata las posibles vulneraciones de las disposiciones contenidas en la Directiva sobre procedimiento de asilo y en la Directiva de retorno y el Código de fronteras Schengen, especialmente en lo referido al acceso al procedimiento de protección internacional y al acceso a un recurso efectivo.
La Unión Europea no puede dar la espalda a tan graves violaciones d e los derechos humanos en sus fronteras exteriores y debe poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar su respeto así como el acceso al procedimiento de protección internacional en las fronteras europeas.
