La Fundación Secretariado Gitano ha pedido «un modelo de sociedad más justa, equitativa, sostenible y solidaria. Con mayores garantías de derechos económicos y sociales».
Lo hizo Mayte Suárez Vega, subdirectora general de FSG, en el marco de encuentros de la Comisión de Reconstrucción social y económica en el Congreso. «Nos felicitamos porque en un proceso de reconstrucción social y económica como éste se tenga en cuenta al pueblo gitano y se implique a las entidades que defienden sus derechos».
Para la entidad, la crisis económica y social post-Covid19 va a tener un impacto devastador sobre las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como la población gitana, si no se toman las medidas oportunas. «La reconstrucción no puede seguir las recetas de la crisis de 2008, de la que la población gitana, como muchos otros grupos vulnerables, no se ha recuperado».
Con datos sobre la mesa, Mayte Suárez destacó la intensidad y dimensión de la pobreza: el 86% de las personas gitanas vive por debajo del umbral de la pobreza y el 46% es extremadamente pobre.
También resaltó la pobreza infantil (89%); la brecha educativa y digital del alumnado gitano; la baja participación de la población gitana en el mercado laboral; la persistencia del chabolismo y de barrios altamente vulnerables; y el impacto de la discriminación sobre el desarrollo de las personas gitanas.
La organización asegura que, a pesar de la imagen generalizada de que las familias gitanas son perceptoras de prestaciones sociales, sólo el 32% de los hogares gitanos muy pobres las perciben. Así «se explica la alta incidencia de la pobreza extrema en la población gitana».
Por ello desde la FSG valoran «muy positivamente» la aprobación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que garantice ingresos suficientes a los hogares más desprotegidos.
Medidas
Pero, además, hay que poner en marcha otras medidas de carácter más estructural y así lo propusieron en el Congreso.
Las medidas, que recogen de forma completa en su web, se resumen en aspectos tan significativos como: rebajar la edad para la percepción del IMV desde los 23 a los 20 años. Acompañar el IMV de oportunidades reales para garantizar el derecho subjetivo a la activación de las personas. . Un plan para prevenir y revertir la segregación escolar del alumnado gitano. Medidas inclusivas para evitar la brecha digital. Reactivar medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta ajena. Proteger la venta ambulante como una actividad económica rentable y sostenible. Plan para la erradicación del chabolismo y otro de intervención y rehabilitación de barrios en situación de alta vulnerabilidad.
Y, finalmente, la aprobación urgente de la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación.
