‘Residencias: un agujero demasiado negro’
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HUESA, PERIODISTA
Las residencias han sido un espacio oscuro que servían para alojar a nuestros mayores. No es un asunto que hayamos tomado en serio, no sabíamos qué hacer con ellos.
¿Qué hacen las familias para pagar una residencia? Quien puede se busca la vida (vende o alquila la casa del abuelo o la abuela) y acude a una privada (media de coste, unos 3.000 euros, mes). Quien tiene suerte (tras un proceloso trámite administrativo) consigue plaza en una residencia pública (media de 1.500 euros, mes). Y el resto, a buscarse la vida.
¿Cómo es la vida en una residencia? Como un hotel, con servicios de terapia, ayuda, fisioterapia, gimnasia, entretenimiento y profesionales para coordinar los servicios. Pero cuando ocurre algún problema sanitario, el mayor va al centro de salud más cercano.
¿Qué ha pasado con los 30.000 ancianos muertos en residencias por coronavirus? De todo. Ha habido muchas y honrosas excepciones, como las residencias que han trabajado a destajo, que han conseguido los equipos necesarios para superar esta situación, que lo han hecho por iniciativa propia y que han salvado muchas vidas.
Sin embargo, en otros centros, se han recibido órdenes contradictorias de las autoridades, se han tomado decisiones erróneas, no se ha controlado la diseminación del virus dentro del centro. Al final, un coste brutal con miles de vidas perdidas y con dramas familiares que no han permitido una despedida y un trato digno.
En España, hay 5.400 residencias con 373.000 ancianos. Por tanto, ha fallecido casi un 10 por ciento de los mayores en estos centros. El 52 por ciento de las residencias son privadas, aunque casi todas cuentas con financiación pública. En España, hay unos nueve millones de personas con más de 65 años. De ellos, cerca de un 20 por ciento se encuentra en situación de dependencia y cerca de un 10 por ciento tiene alguna discapacidad.
Es hora de iniciar la aplicación real de un sistema sociosanitario, de medicalizar de verdad las residencias, de conectar mejor los centros de salud y hospitales con los centros de mayores. Sobre todo, de habilitar un presupuesto real, de pagar y formar bien a los profesionales, de proveerse de servicios, de suministrar recursos, de comprar equipos, almacenándolos para las épocas más duras. Y de coordinar el Gobierno con las autonomías, que tienen las competencias en esta materia.
Hay que desinstitucionalizar las residencias con un modelo ajustado a las necesidades de cada persona. Ya no vale juntar a personas en una residencia porque sí o porque no hay otro lugar donde alojarlos. Cada uno debe tener libertad de elección para decidir con quién quiere convivir, de qué manera y en qué circunstancias.
Este nuevo modelo puede permitir una generación de empleo de especialistas, de empresas o entidades que lo coordinen. Esta riqueza puede fomentar la actividad económica e incrementar la inversión en zonas rurales abandonadas. Los fondos de la Unión Europea deberían destinarse a estos proyectos de fomento del empleo y de revisión de un sistema social que encaje con el actual Estado del Bienestar. Es el momento de cambiar con la irrupción digital, con la llegada del teletrabajo, la implantación del 5G, la inteligencia artificial. Con este cambio se puede poner en práctica el sistema sociosanitario que nunca ha funcionado y que tanta falta hace. Ojalá llegue pronto.
Las opiniones vertidas en los artículos de opinión de El Periódico del Voluntariado corresponden a los autores y autoras de los textos.
