Plena inclusión, organización que representa a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias en España, y AEDIS, patronal de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de atención a personas con discapacidad, instan a los gobiernos autonómicos a que se comprometan a financiar el 100% de las plazas de Servicios Sociales que tienen concertadas con las entidades del sector de la discapacidad en esta situación excepcional marcada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma.
El Real Decreto-Ley 9/2020 de 27 de marzo reconoce los servicios que se prestan a las personas con discapacidad como esenciales, determinando la obligación de seguir prestándolos. Antes de la entrada en vigor de esta norma, y pese a que las CCAA ordenaron el cierre de algunos centros, las entidades de Plena inclusión han seguido prestando los servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o parálisis cerebral y a sus familias mediante atención telefónica o virtual y, en los casos más graves, de forma presencial en el hogar.
El movimiento familiar de Plena inclusión y sus profesionales, tras el decreto del estado de alarma, han incrementado sus esfuerzos para seguir atendiendo a las personas que utilizan diariamente sus servicios, reforzando los medios técnicos y humanos para, como establece el RD 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
