La Plataforma de Infancia, formada por 73 organizaciones de infancia, ha pedido que la Ley de Protección a la Infancia frente a la violencia, cuyo dictamen se debate el jueves en el Pleno del Congreso, refuerce la protección de los niños y niñas tutelados por la Administración, que aumente el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores de forma que empiecen a contar al cumplir los 40 años, y prohíba los desnudos en el procedimiento de determinación de la edad de menores extranjeros.
“Consideramos que el Proyecto de Ley ha ido mejorando durante su tramitación parlamentaria” explica Almudena Escorial, Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Especialmente relevante ha sido la previsión de creación de entornos seguros en los distintos ámbitos o la garantía de que las denuncias interpuestas por niños y niñas sin el acompañamiento de su tutor no requieran la valoración de su madurez por parte de la Policía. Sin embargo, no podemos permitirnos que esta ley, que va a ser ejemplo en el mundo, deje fuera cuestiones esenciales para el objetivo que se marca, es decir, para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia”.
Las organizaciones de infancia señalan que la ley -conocida como ‘ley Rhodes’ por el pianista del mismo apellido que sufrió abusos en su infancia- «no aborda suficientemente la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental» y consideran esencial establecer en este ámbito una figura análoga al coordinador de protección de los centros educativos.
Vulnerabilidad
“Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia. Además, los sistemas de protección carecen de las herramientas necesarias para protegerlos, especialmente en recursos residenciales grandes” explica Escorial. De hecho, el Comité sobre los Derechos del Niño en 2018 mostró su preocupación a España por “los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida”.
Una de las cuestiones fundamentales que la ley fortalece es la capacidad del sistema para actuar rápido y evitar que un niño o niña sufra una situación de violencia. Sin embargo, la Plataforma de Infancia considera que esto debe complementarse con el refuerzo de las garantías de las retiradas de tutelas tal y como recomendó el Comité de los Derechos del Niño a España. El marco legislativo español tiene graves carencias en relación con las garantías jurídicas en situaciones de declaración de tutela administrativa, lo cual deja a las familias y a los niños y niñas, sobre todo a los más vulnerables, en situación de total indefensión.
La entidad considera fundamental «aprobar enmiendas dirigidas a: garantizar la asistencia letrada, asegurar la notificación de los expedientes de riesgo y establecer plazos en los procedimientos de riesgo y desamparo” explica Escorial .
“Además, consideramos muy preocupante que la ley otorgue la condición de autoridad al personal de los servicios sociales, ya que puede quebrar la relación de confianza que debe existir con las familias y aumentar la asimetría existente actualmente”.
