La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha organizado un webinar para analizar la situación que atraviesa el alumnado sordo, y plantear soluciones ante el aislamiento comunicativo que denuncian. “Cada comienzo de curso, recibimos, canalizamos y atendemos con la ayuda de nuestra red asociativa, multitud de peticiones de alumnas y alumnos que quieren ver satisfechas sus necesidades educativas”, explica Marta Muñoz, coordinadora del webinar.
La asesora jurídica de la CNSE ha calificado la situación de estos estudiantes como “crítica”, y la falta de recursos y adaptaciones “alarmante”,especialmente a raíz de la pandemia: “Tanto si la educación es presencial como online, en cualquier escenario que se contemple durante la pandemia, se debe garantizar que el alumnado sordo tenga a su disposición todos y cada uno de los recursos humanos y materiales que precisan”.
Para la entidad, es importante formar e informar a niños y jóvenes sordos y a sus familias sobre qué procedimiento deben seguir para reivindicar sus derechos, a qué organismos han de dirigirse, y qué argumentos legislativos pueden utilizar. Así lo afirmó al comienzo del webinario la vicepresidenta de la CNSE, Amparo Minguet, que quiso animar a las y los participantes a hacerse fuertes como comunidad y como sociedad: “Las actitudes personales individuales generan victorias colectivas”. En esta línea, se manifestó también María Jesús Serna, vicepresidenta segunda de la CNSE, que considera positivo instaurar una cultura de denuncia para hacer frente a posibles conductas discriminatorias: “Los derechos están para cumplirse. Debéis empoderaros, exigir que se respete vuestra diversidad, y luchar por vuestra autonomía y vuestra libertad de elección”.
Legislación
Durante el webinar, Marta Muñoz ha repasado la legislación vigente en materia educativa tanto a nivel estatal como autonómico, momento que aprovechó para reivindicar equidad territorial en el acceso a la educación de las personas sordas. “Año tras año asistimos a la desolación e impotencia de cientos de alumnas y alumnos sordos cuyo peor o mejor acceso a la educación depende de la Comunidad Autónoma donde residan. Alumnado sordo que comienza las clases sin intérpretes, sin asesores sordos especialistas en lengua de signos, y sin materiales adaptados a sus necesidades comunicativas”.
Asimismo, explicó el procedimiento a seguir para presentar una reclamación en función de cada etapa educativa (obligatoria o no obligatoria), y señaló qué cauces son los más adecuados para interponer una denuncia. “Antes de llegar a la vía judicial, el alumno o alumna en cuestión ha de presentar sus alegaciones en el centro educativo o decanato de la universidad en la que estudie, y si procede, en la Consejería de Educación de su comunidad autónoma, la inspección de Educación, el Defensor del Pueblo, o incluso recurrir a organismos internacionales como la ONU”.
Tras exponer los distintos precedentes legales consolidados a partir de casos reales, se abrió un turno de debate en el que tanto jóvenes sordos, como familias, y profesionales que trabajan con este alumnado, tuvieron la oportunidad de plantear sus reivindicaciones. Entre las más recurrentes, la presencia desde el inicio del curso escolar y durante todo el horario lectivo de profesionales sordos y de intérpretes de lengua de signos, y la necesaria homologación por parte del Ministerio de Sanidad de mascarillas transparentesque faciliten la comunicación con el entorno.
“Las personas sordas, las alumnas y alumnos sordos, las familias, no podemos esperar más” apuntó la asesora jurídica de la CNSE durante la clausura de la formación. “Es necesario dedicar voluntad y recursos al alumnado sordo. Recursos humanos y materiales que garanticen el correcto acceso en lengua de signos a la información y a la comunicación, así como la dotación de todas aquellas ayudas técnicas que propicien la accesibilidad plena”.