El Tercer Sector traslada al Gobierno el impacto de la pandemia en las personas vulnerables

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La Plataforma del Tercer Sector (PTS)  ha trasladado al Gobierno la gravedad de los problemas sociales que está provocando la crisis del coronavirus. La organización, compuesta por 30.000 ONG, se reunió vía telemática con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, para intentar buscar vías para poder afrontar esta situación.

El presidente de la PTS, Luciano Poyato, resalta que la Plataforma presentó una panorámica real del impacto social que está teniendo la pandemia en las personas vulnerables. “Haciendo especial hincapié en los colectivos de personas mayores, sin hogar o personas con discapacidad. También las que viven en situación de exclusión social y el pueblo gitano, que son los grupos que están sufriendo en mayor medida la dureza de las consecuencias”.

Además, durante la reunión se trataron otros temas transversales que afectan a todo sector y se enfatizó en la necesidad de crear un Grupo Operativo entre la propia PTS y el Gobierno. El objetivo es tener una interlocución real, efectiva y productiva para poder gestionar, desde el punto de vista social, la pandemia. Atendiendo a las necesidades de las propias entidades, sus trabajadores y voluntarios, pero también teniendo en cuenta la nueva realidad y la cronicidad de las situaciones de vulnerabilidad.

El Tercer Sector pidió al Ejecutivo “compromiso de diálogo y escucha activa” antes de adoptar medidas sociales de relevancia, incluidas en el denominado escudo social. Que se priorice la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables.

Financiación

Por otro lado, durante la reunión, la PTS pidió al Estado que promueva un acuerdo con las Comunidades Autónomas para que no realicen ninguna reducción de la financiación a las ONG como consecuencia del coronavirus. Se insistió además en la necesidad de aprobar fondos extraordinarios para fines sociales, por parte del Estado a las CC.AA., para hacer frente a los efectos de la crisis en los grupos más vulnerables, que seguirían a los 300 millones ya acordados y repartidos territorialmente.

Otro punto importante que se abordó con Álvarez es la gestión “extraordinaria y excepcional” de la recaudación a través de la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades durante 2019 (año fiscal 2018) para abordar la crisis de la pandemia.

El objetivo sería dotar de recursos a las organizaciones sociales de ámbito estatal para destinarlo a programas y acciones de reducción del impacto del Covid-19 en los grupos sociales más vulnerables.

El presidente de la PTS explica que para ello “se aprobaría una norma excepcional” en el marco del estado de alarma.

Además, desde el Tercer Sector insisten en aprobar “con inmediatez” la declaración de las entidades sociales como servicio esencial en la gestión de la crisis. Se pide dotar al voluntariado y personal de los equipos de protección (EPI), pruebas diagnósticas rápidas y de las garantías necesarias para moverse y atender las necesidades de los colectivos.

Por último, se propuso poner en marcha un teléfono de emergencia social universal y accesible para proporcionar información a quienes lo necesiten. Así como la aprobación de una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social. Actualmente existe una ad hoc para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc.) sin una visión coherente y transversal.

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