El Gobierno aprueba la Ley de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia

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El Gobierno ha aprobado este martes 9 de junio en Consejo de Ministros el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Para remitirla al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria.

Entre las principales modificaciones de la norma se incluye el aumento del plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores. Este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años. Y no 18 como ocurre actualmente. Y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Por otro lado, la futura conocida como’Ley Rhodes’ en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales en la infancia, obligará a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad.

Y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del ‘coordinador de bienestar y protección’. Asimismo, la ley ordena que se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.

En general, la normativa establece que se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad aun cuando no sea delito. Especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.

Se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, según recoge Europapress, que se hace eco de la normativa. Igualmente, se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia. También se prevé una jurisdicción específica para estos delitos.

Detección

Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores.
Además, según dicho texto, se obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga menos de 14 años. Con esto se pretende evitar la denominada victimización secundaria. Para que el menor o persona con discapacidad no se vea expuesta a narrar de forma reiterada a lo largo del procedimiento penal los hechos traumáticos que ha sufrido o presenciado.

El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018. Después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019, y una vez más en 2020 debido a la pandemia del Covid-19.

Con la formación del Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones. Y que ya ha pasado por consulta pública y todos los trámites de los órganos que pueden requerir informes prescriptivos, según precisaron estas entidades.

El anteproyecto normativo establece un concepto de violencia amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el descuido o el trato negligente.

Satisfacción

Son muchas las entidades que se han mostrado satisfechas ante esta aprobación.

Para Scouts España “es un aspecto vital reforzar la prevención y actuar de manera rápida y efectiva ante la más mínima evidencia”, asegura su presidenta, Elena Cabezas. Entre los artículos del anteproyecto de ley relacionados con el ámbito de trabajo de Scouts de España destacan el art. 44 y 45, dedicados a actividades de ocio y deportivas.

El primero de ellos establece los protocolos de actuación que se tendrán que poner en marcha para la prevención, detección y actuación frente a las posibles situaciones de violencia en el ámbito deportivo y de ocio. El segundo hace hincapié en la necesidad de que las personas que trabajen en estas entidades reciban formación específica en la prevención y detección de cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia. En la misma línea, “también la formación del voluntariado es un aspecto al que prestamos especial atención, por su
papel para detectar posibles casos de violencia de cualquier tipo en los menores”, señalan. Por ello, el Plan de Voluntariado de la entidad recoge un curso específico de acceso libre sobre “Prevención en violencia en infancia y juventud ”.

Finalmente, desde Scouts España reivindican más concreción en algunos aspectos como la dotación de los recursos necesarios para la correcta aplicación de la ley.

Por su parte, para el director general de Save the Children, Andrés Conde, “la violencia contra los menores no es un fenómeno anómalo o puntual. Es algo que ocurre de una manera sistémica y sobre lo que ha habido en el pasado una desatención política”. Cree que la ley tiene “vocación de transformación social”.

Para el presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López, aprobar esta ley “situará a España a la vanguardia de la protección de los derechos de la infancia”en todo el mundo.

Desde la Fundación ANAR recuerdan que llevan “mucho tiempo esperando esta ley. La violencia hacia la infancia es un problema real y generalizado que se debe abordar de forma urgente. Por eso es importante que, una vez llegue el proyecto de ley a las Cortes, su tramitación sea urgente y exista consenso parlamentario para no alargar su tramitación y entre pronto en vigor. Es fundamental, también, que la aprobación de este texto normativo lleve aparejada la aprobación de una Estrategia nacional para la erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia. Que contemple todas las medidas específicas necesarias para que la ley llegue a aplicarse de forma efectiva y se proteja realmente a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia”.

 

 

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