Denuncian la exclusión de la población reclusa con discapacidad intelectual

Plena inclusión España ha denunciado ante el  ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la situación de exclusión extrema de la población reclusa con discapacidad intelectual, información que se revela en el estudio ‘A cada lado’, donde se pone de manifiesto que la mayoría de estas personas llegan al proceso judicial sin que se tenga en cuenta su discapacidad

Enrique Galván, director de la confederación que agrupa a 935 asociaciones que luchan en toda España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, TEA o parálisis cerebral), ha solicitado que se arbitren mecanismos para detectar cuanto antes que una persona detenida tiene discapacidad intelectual, “porque los datos son muy preocupantes: solo a un 8.9% se le tiene en cuenta la discapacidad en comisaría, alcanzando el 51% en prisión”.

“Y en el procedimiento judicial hay un 69% de personas con discapacidad intelectual a las que no se les tiene en cuenta”, explica el director de Plena inclusión.

En el estudio que se ha compartido con el titular de Interior, Plena inclusión que trabaja desde 1985 con población reclusa, aporta 50 propuestas de mejora para un sistema judicial, policial y penitenciario que “estigmatiza y discrimina a cientos de personas con discapacidad intelectual presas”. Entre ellas destacan herramientas de cribado y detección temprana de la discapacidad que se ofrecen a los servicios policiales y penitenciarios.

Baja reinserción

Los datos aportados a Grande-Marlaska, que proceden del estudio ‘A cada lado’ desvelan que el porcentaje de reincidencia de estas personas con discapacidad en prisión es de un 54.5%, muy superior a la media del resto de la población .

Además, solo un 16.3% de estas personas que cumplen condena acceden a la formación que ofrece Instituciones Penitenciarios por falta de adaptación de los materiales a lectura fácil. Y el 94.3% de las penas privativas de libertad que cumplen las personas con discapacidad intelectual se hacen en centros penitenciarios y solo en un 3,4% se ha usado en recursos de suspensión o sustitución de pena.

Plena inclusión demanda, entre otras medidas, que se fomente la ejecución y cumplimiento de sanciones penales en el medio comunitario con ciertas restricciones.