CESIDA reclama al gobierno sus peticiones en materia de VIH
El presidente en funciones se reunió ayer con colectivos LGTBI para recoger sus reivindicaciones
Pedro Sánchez, presidente en funciones, y Carmen Calvo, Vicepresidenta y del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, mantuvieron una reunión con distintos colectivos sociales LGTBI, como la FELGTB, Fundación Triángulo o la Fundación Pedro Zerolo.
Una de sus principales reivindicaciones es la aprobación de una ley LGTBI que aborde la discriminación por orientación e identidad sexual y su atención integral. También reclaman la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que recoja las políticas antidiscriminatorias en España. Por su parte, Sánchez mostró la prioridad de su gobierno por defender los derechos de las personas LGTBI.
Ramón Espacio, presidente de CESIDA, transmitió durante la reunión las demandas específicas relativas al VIH y derechos sociales:
Según expuso, el gobierno socialista a través del RD7/2018 ha sido un paso importante para recuperar el carácter universal de la Sanidad Española “sin embargo este real decreto es claramente insuficiente con el actual mapa político donde gobiernan partidos que insisten en denegar la asistencia sanitaria a las personas en situación administrativa irregular”.
Otro tema expuesto fue la implementación urgente de la PrEP(profilaxis pre-exposición), el gran caballo de batalla de CESIDA, ya que España es de los pocos países de nuestro entorno donde no se comercializa esta pastilla preventiva del VIH.
Pese a los esfuerzos realizados por el Ministerio de Sanidad en los últimos meses, esta iniciativa sigue bloqueada. Por eso Espacio recordó a Sánchez que “en España se siguen produciendo 4.000 nuevos diagnósticos de VIH al año y el colectivo de los hombres gays es el más afectado. La PrEP es una estrategia efectiva para reducir el número de infecciones”.
Durante el encuentro, CESIDA también reivindicó la necesaria inclusión de la educación sexual en el currículo escolar. Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) han aumentado en un 26,3% con respecto al 2017 y el uso del preservativo se ha reducido del 84% al 75%, según datos del Ministerio de Sanidad.
Concluyó hablando de la sanidad en centros penitenciarios es “un barco que naufraga” y reclama su transferencia del Ministerio de Interior a los Sistemas Autonómicos de Salud para mejorar la atención sanitaria de las personas reclusas.
La Ley de Cohesión de 2003 fijó un plazo de 18 meses para el traspaso, que 16 años después solo se ha producido en Euskadi y Cataluña. En este sentido, añadió: “Hemos trasladado al presidente la deplorable situación en la que se encuentra la sanidad penitenciaria en nuestro país y la urgente necesidad de que desde el gobierno se trabaje para que la transferencia de las competencias se produzca de forma urgente”.
