España presenta una división territorial en dos mitades norte-sur con diferentes realidades de vida. El informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’ presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) muestra una clara desigualdad social y económica de los territorios que componen el Estado español.
Desde 2016, España está inmersa en un proceso de reducción de la desigualdad territorial. Sin embargo, es todavía muy insuficiente y hay importantes brechas que afectan a la calidad de vida de las personas. Para analizar la situación se han hecho uso de las tasas AROPE, que incluye a las personas que se encuentran en riesgo de pobreza, privación material y social severa (PMSS) o baja intensidad en el empleo (BITH); y de Privación Material y Social Severa (PMSS), un indicador de vulnerabilidad grave.
En 2022, para las regiones del sur la tasa AROPE alcanza el 33,1% de la población residente (cerca de 5,5 millones de personas). Esta cifra se reduce casi al 20,5% (6,8 millones de personas) para aquellas que viven en la mitad norte del país. Respecto a la pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725€ por unidad de consumo al año (560€/mes), en 2022 había un total de 4,2 millones de personas.
Con respecto a las regiones, la tasa de pobreza severa disminuyó en el último año en la gran mayoría de las CCAA, excepto en Navarra, País Vasco y Castilla y León. A pesar de la mejora, en algunas regiones la tasa de pobreza severa afecta a más de un décima parte de su población: Andalucía (14,4%), Canarias (13,2%), Murcia (11,6%) y Extremadura (10,2%).
En relación al indicador de PMSS, la pobreza energética es una de las claves de esta crisis inflacionaria. En 2022, un 17,1% de la población nacional no tuvo capacidad de mantener su vivienda con una temperatura adecuada, frente al 14,3% en 2021 y 10,9% en 2020. Todas las Comunidades Autónomas a excepción de Aragón, la Región de Murcia y La Rioja han empeorado su situación, siendo Extremadura y Andalucía las que presentan unas cifras mayores con el 23,1% y el 21% respectivamente.
En el informe también se hizo una estimación de lo que pasaría si, por ejemplo, se suprimieran las transferencias públicas a los hogares. Si no hubiera ninguna transferencia, el 44,5% de la población española estaría en riesgo de pobreza, unos 11,3 millones de personas pobres más de las que se registran en realidad.
En 2021, el impacto de las transferencias fue muy elevado en la reducción de las tasas de pobreza. En 2022 descendió, posiblemente por la desaparición de algunas medidas impulsadas en la pandemia. Sin embargo, se mantiene más alto que en años anteriores a la crisis sanitaria, lo que refleja la importancia de haberlas mantenido.
La desigualdad territorial es un factor que ralentiza el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. El informe muestra cómo todas las CCAA están alejadas de su grado de cumplimiento. Desde la EAPN-ES consideran que es un buen momento para poner el foco en el problema de pobreza y exclusión social existente en las diferentes regiones de nuestro país, que a nivel estatal alcanza 12,3 millones de personas.
