Las viviendas españolas suspenden en accesibilidad
Sólo un 0,6% de los edificios de viviendas cumplen los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, un 63% de los edificios no son accesibles de la calle al portal, un 22% carece de ascensor y sólo un 29% cuenta con video portero, estos datos surgen a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.
Así lo recoge el estudio “La accesibilidad en las viviendas de España” elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, para conocer el estado actual de la accesibilidad en las diferentes zonas del edificio: desde su acceso desde la calle hasta la puerta de la vivienda.
La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere.
Por otra parte, se evidencia que la realización de las oportunas reformas es responsabilidad y deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si se refieren a elementos comunes del edificio, siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que sean razonables y que el gasto no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Hoy por hoy, todos los edificios deberían ya cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad, no obstante, parte del problema es un parque de viviendas envejecido y cómo ha afectado la crisis a la solvencia económica de las comunidades de propietarios.
La investigación señala que, aunque un 40% de los encuestados cree que deberían hacerse mejoras de accesibilidad en su edificio, el desconocimiento legal y los motivos económicos impiden su materialización. Este motivo económico se corrobora con el hecho de que sólo el 10% de las obras de adaptación realizadas provienen de ayudas de la Administración pública; el resto se sufraga con dinero de la comunidad o de los inquilinos.
