Entra en vigor la eliminación de la incapacitación judicial
La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica entra este 3 de septiembre de 2021 en vigor, “una fecha histórica”, en palabras del presidente del Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.
La norma modifica ocho leyes estatales y beneficiará a 4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo de la discapacidad. También se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que puede ser susceptible toda la población.
Tras una ‘vacatio legis’ de tres meses, Pérez Bueno ha destacado a Europa Press la entrada en vigor de esta “ansiada reforma, amplia, integral y ambiciosa del derecho civil sustantivo y procesal” que, después de muchos años de “insistencia y demandas” del movimiento asociativo, da cumplimiento a un mandato de Derechos Humanos de la Convención de la ONU de 2006, en concreto su artículo 12.
Autonomía
“Significa pasar de un sistema en el que la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no se reconocía como personas en plenitud. Se las podía privar y minimizar su capacidad jurídica y ser representadas por otros a través de mecanismos como la tutela o la incapacitación. Esto desaparece: ahora todas las personas con discapacidad, si necesitan apoyos para la toma de decisiones, tienen que tenerlos y prima su autonomía y deseos. Y el entorno jurídico y social les tiene que prestar asistencia y acompañamiento para que ejerzan los derechos que tienen reconocidos”, ha subrayado.
De este modo, se sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una “ayuda técnica” en materia de “comunicación” para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales. La representación o sustitución en la toma de decisiones de una persona con discapacidad, se mantiene “únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo”.
