El Tercer Sector propone presupuestos más sociales para 2025
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha presentado un documento con 16 propuestas clave para que sean incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. El objetivo principal de estas medidas es asegurar que los presupuestos contribuyan a crear una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, subrayó que los PGE deben ser “más sociales” para evitar que nadie se quede atrás en el camino hacia una mayor equidad. Estas propuestas se han compartido con el Gobierno y los grupos parlamentarios, con la intención de que sean debatidas y consideradas durante la tramitación de los presupuestos.
Reclamaciones clave: IVA superreducido y vivienda pública
Las propuestas se articulan en torno a nueve grandes ejes, que incluyen política fiscal, vivienda, educación, igualdad y sostenibilidad del Tercer Sector. Entre las medidas más destacadas, la Plataforma del Tercer Sector solicita la aplicación de un IVA superreducido a los productos de primera necesidad destinados a personas con discapacidad, menores y quienes se encuentran en situación de pobreza. También pide incrementar las partidas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y desarrollar una nueva estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Otro de los puntos clave es el aumento de la oferta de vivienda pública en alquiler social y asequible, así como el incremento del gasto público en becas y ayudas al estudio. La PTS también ha solicitado mayores recursos para el Plan Nacional sobre Drogas, subrayando la importancia de fortalecer las políticas de prevención y apoyo.
Sostenibilidad del Tercer Sector
El documento también plantea la necesidad de asegurar una mayor estabilidad para las entidades del Tercer Sector, lo que les permitiría planificar a largo plazo y aumentar su impacto social. Para ello, la Plataforma propone aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades para actividades de interés social. Asimismo, se demanda la eliminación de la desindexación en los contratos y conciertos públicos relacionados con servicios sociales.
Según Luciano Poyato, casi 13 millones de personas en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que refuerza el papel crucial del Tercer Sector en la defensa de los derechos sociales. La Plataforma espera que estas propuestas sean incorporadas en los PGE para 2025, a fin de avanzar hacia una mayor cohesión y bienestar social.
