la Red de Atención a las Adicciones, ha sido considerada como mediadora social colaboradora de la Administración General del Estado para acreditar la vulnerabilidad de una persona e impedir el cese del suministro de energía eléctrica, gas natural o agua. La medida se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado a partir de una resolución adoptada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
Este anuncio aumenta la protección a las personas que reciben atención de UNAD y facilita que puedan hacer frente a las dificultades sociales y económicas derivadas de la pandemia. De esta forma, quienes no puedan demostrar ser titulares de un contrato de suministro en el hogar podrán ser reconocidas por UNAD como consumidoras vulnerables o severas.
Junto a UNAD también han sido designadas como mediadoras sociales una docena de entidades pertenecientes a la red de adicciones y otras organizaciones y plataformas estatales.
