El Congreso aprueba este jueves definitivamente la ley de Infancia

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El pleno del Congreso aprobará este jueves definitivamente el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que amplía el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, que no empezará a contar hasta que la víctima no cumpla 35 años, frente a los actuales 18 años.

La Cámara Baja debe refrendar o no las enmiendas introducidas por el Senado, entre las que destaca la prohibición de los desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad de los menores migrantes.

Además, ha incluido la prohibición del uso de la contención mecánica en los centros de menores, aunque finalmente no se llegó a acuerdo para suspender los desahucios de familias con menores y tampoco se incluye la prohibición de la entrada de los niños y niñas a espectáculos taurinos.

Así, una vez que la norma se publique en el BOE y entre en vigor, “cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad” y “no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas”.

Además, la Cámara Alta también incorporó la obligación de requerir la “autorización expresa de los progenitores” para difundir la imagen de un menor fallecido, con el objetivo de evitar casos como el de Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre. La madre del pequeño denunció el uso “cruel” de la imagen de su hijo después de haber fallecido.
Consejo de participación

Igualmente, se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños y niñas en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.

Además, la norma elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. Estas medidas, junto con el retraso de la prescripción de los abusos a menores, se incorporaron a su paso por el Congreso, en el que se incluyeron 200 de las 600 enmiendas parciales presentadas al texto del Ejecutivo.

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