Convertir los servicios sociales en el cuarto pilar del Estado del bienestar
En la imagen, la ministra Ione Bellarra y el presidente de la PTS, Luciano Poyato.
La Plataforma del Tercer Sector quiere que la nueva ley estatal de servicios sociales garantice una protección social mínima en el conjunto del territorio español; un sistema que elimine los procesos de violencia administrativa y que introduzca medidas que reduzcan la burocracia, según ha anunciado la organización en un comunicado.
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) celebra el desarrollo de una ley estatal de servicios sociales que sirva para vertebrar y reforzar el sistema de protección social y la creación de un marco legal que garantice una protección social mínima en el conjunto del territorio español.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha asegurado que: “la nueva normativa debe definir el objetivo, función y el bien protegido por los servicios sociales. Este es el aspecto clave de la normativa ya que la falta de definición actual provoca diferencias y distorsiones entre territorios”. “Con la aprobación de esta norma estaríamos alcanzando una reivindicación histórica del Tercer Sector”, ha añadido.
Desde la Plataforma del Tercer Sector explican que la nueva ley debe fomentar la reducción de las desigualdades entre los territorios para acceder a recursos. Para ello, es preciso que se establezca un catálogo común de prestaciones que contemple la realidad de la pobreza y la vulnerabilidad social. La norma debe establecer estándares básicos de obligatorio cumplimiento en todos los territorios y para todos los tamaños de población, incluyendo el ámbito rural, además de facilitar la interconexión territorial y asegurar la portabilidad de los expedientes, garantizando los derechos de las personas y los procesos de intervención para su bienestar, señalan desde la PTS.
Asimismo, la organización señala que la ley debe reducir los procesos de violencia administrativa e introducir mejoras en este sentido como un sistema de ventanilla única que reducir la burocracia y la carga administrativa que recae sobre las personas. “En definitiva, unos servicios sociales adaptados a la realidad y con enfoque de derechos humanos, accesibles, integrales, integrados de manera horizontal y vertical y centrados en la persona”, ha añadido Luciano Poyato.
