«Construyendo una vivienda por el tejado de la exclusión»

 En Opinión, PVE
JONÁS CANDALIJA, PERIODISTA

No sé dónde estarás leyendo este artículo. Posiblemente en el metro, yendo a trabajar un viernes más. O quizás delante del ordenador de la oficina, revisando el correo antes de ponerte con las tareas pendientes. También es probable que lo hagas en el sofá de casa, justo antes de preparar la cena, encender la televisión y relajarte después de una dura semana de trabajo. Antes de nada, sólo quiero pedirte unos minutos para que pienses en el número 11. Es la cifra de MILLONES de personas que, sólo en España, sufren exclusión residencial y, posiblemente, no tengan ni abono transporte para usar regularmente el metro, ni empleo que cubra sus necesidades básicas, ni casa en la que guarecerse.

La exclusión residencial no sólo es la falta de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible, se refiere a la incapacidad de construir una vida sobre unos cimientos mínimamente sólidos. Porque la piedra angular sobre la que construir una vida es la vivienda.

Las situaciones de sinhogarismo, vivienda insegura, infravivienda y chabolismo han proliferado a niveles alarmantes, sobre todo a raíz de las crisis económicas y la creciente exclusión social, sobre todo en los entornos urbanos, creando situaciones insostenibles para un sistema que se dice a sí mismo democrático. La falta de vivienda es una violación de los derechos humanos y el derecho a una está recogido en la Constitución (Sí, la Constitución que todos dicen defender).

En España,  el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años[i]. Al mismo tiempo,  el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales, cuando en la Unión Europea es del 9,3 %.

Por otro lado, el aumento del precio de la vivienda en los últimos años, así como la precariedad laboral, han traído unas cifras escalofriantes de emancipación  juvenil. Sólo el 19% de la población joven puede a día de hoy emanciparse (el peor dato desde 2002 que hay registros). Una persona joven asalariada y no emancipada debería dedicar el 91,2% de su sueldo neto para acceder a una vivienda en alquiler. Un imposible.

La recientemente aprobada Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda es un paso en la buena dirección, ya que incluye la regulación del alquiler en las zonas de mercado tensionadas, un bono de vivienda de 250 euros mensuales para jóvenes, dedicar un 30 % de todas las promociones para vivienda protegida y la construcción de 20.000 nuevas viviendas de alquiler social.

En tiempos de incertidumbre social y económica como los que vivimos, es más necesario que nunca asegurar la función social de la vivienda. Porque no podemos seguir construyendo una vida digna por el tejado de la especulación y la exclusión.

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