España es el tercer país con más niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía, según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Por ello, UNAF valora positivamente esa recomendación de la Comisión Europea.
“La Garantía Infantil Europea es clave para asegurar los derechos de la infancia y lograr la igualdad plena. No podremos lograr ningún avance social, ningún desarrollo sostenible como sociedad si no acabamos primero con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de 18 millones de niños, niñas y adolescentes en Europa”, afirma Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF.
En concreto, se ha pedido a los Estados miembro que garanticen el acceso gratuito y eficaz de la infancia a servicios de educación y cuidados, a actividades escolares, a asistencia sanitaria, a una vivienda adecuada y a una alimentación sana.
UNAF considera que la Garantía Infantil Europea, enmarcada en la primera Estrategia de Derechos de la Infancia de la UE, es una gran oportunidad de replantear las políticas de apoyo familiar y desarrollar respuestas estructurales a largo plazo con un enfoque de diversidad familiar, de género e inclusión social.
Contar con el Tercer Sector
Además, la entidad solicita al Gobierno que cuente con las entidades sociales del Tercer Sector para trabajar conjuntamente en los planes de acción nacionales que deberán desarrollarse en los seis meses posteriores a la adopción de la Garantía Infantil por el Consejo Europeo, con el año 2030 como plazo y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Las entidades del Tercer Sector llevamos años luchando en primera línea contra la pobreza y trabajando por la igualdad de oportunidades, la inclusión y los derechos de la infancia y de las familias. Tenemos mucho que aportar y esperamos poder participar activamente en la puesta en marcha de esta recomendación, que debe ser prioritaria y estar en el centro de la agenda política”, sostiene Ascensión Iglesias.
Tras el desarrollo de los planes de acción, la Comisión Europea supervisaría su implementación a través de una combinación de herramientas: el nombramiento de coordinadores y coordinadoras nacionales, recomendaciones específicas de cada país, revisiones por pares, informes bienales de los 27 países de la UE y un informe de progreso cinco años después de la adopción. Su seguimiento e implementación estarán vinculados al objetivo del Pilar Europeo de Derechos Sociales 2030 de reducir al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social para 2030, incluidos 5 millones de niños y niñas.
