Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, las entidades que impulsan la «Enlázate por la Justicia» —Caritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES— han hecho una valoración de la aprobación del I Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas por parte del Consejo de Ministros del pasado 28 de julio.
Esta decisión gubernamental llega varios años después del último borrador elaborado con la participación de las organizaciones del Tercer Sector y que nunca llegó a ser aprobado. El nuevo texto, sin embargo, se ha reelaborado sin ninguna participación de la sociedad civil y sin conocimiento previo del mismo.
Para las citadas organizaciones, que trabajan en favor de las personas y comunidades más pobres, vulnerables y excluidas del planeta, la defensa activa de los Derechos Humanos, «la promoción del desarrollo y la protección del medio ambiente deben estar en la médula de unas políticas públicas realmente orientadas hacia la erradicación de la pobreza». Por eso consideran esencial la aprobación de un Plan que, siguiendo los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, establezca en el ámbito nacional el deber del Estado de proteger estos derechos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y garantizar el acceso a mecanismos de reparación para la población afectada en casos de violación de sus derechos.
Para ello, es necesario establecer los mecanismos y acciones que garanticen el cumplimiento del objetivo propuesto en el Plan recién aprobado: que las empresas españolas, sus filiales, proveedores, subcontratistas y cadenas de suministros respeten siempre y en todo lugar los Derechos Humanos, reparando los daños causados por la contravención de los mismos.
