La infancia y adolescencia reclaman sus derechos ante el Gobierno

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Numerosos niños, niñas y adolescentes españoles pedirán esta semana ante el Ministerio de Derechos Sociales que se les escuche, que se tenga en cuenta su opinión, más formación a los profesores en prevención contra la violencia hacia la infancia, asegurar el acceso a la electricidad y la calefacción de las familias vulnerables o conexión gratuita a Internet.

Estas son algunas de las conclusiones y propuestas del informe ‘Nuestra voz, nuestros derechos’, que presentó el miércoles la Plataforma de Infancia –red que integra a 74 organizaciones de infancia–, con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que se celebra el próximo sábado 20 de noviembre.

El estudio, que recoge las voces de 4.394 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años de 14 comunidades autónomas, será presentado por una representación de estos menores, el próximo viernes 19 de noviembre, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

«A la Convención sobre los Derechos del Niño no se le da importancia en los colegios e institutos. Yo pienso que se le debe dar», explica César, de 16 años, uno de los más de 4.000 menores participantes.

«A veces no nos escuchan o no nos creen, lo que provoca desconfianza a la hora de contarlo o denunciar», explican los niños, niñas y adolescentes sobre la violencia ejercida contra la infancia y adolescencia. «Estad atentos si gritamos, si no hablamos, si estamos solos en el recreo, si no vamos al colegio muy a menudo», señalan.

Denuncias

Según precisa la Plataforma de Infancia, citando datos del Ministerio del Interior, en 2020, se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, 5.685 fueron denuncias por delitos contra la libertad sexual, la mayoría contra niñas, que siguen representando el 50% sobre el total; y 5.851 denuncias fueron por violencia en el ámbito familiar, siendo las más afectadas las adolescentes entre 14 y 17 años.

«Estas cifras, son solo una pequeña parte de la realidad, ya que la violencia suele permanecer oculta y se han de superar muchos obstáculos para que llegue a denunciarse», ha señalado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

Además, los chicos y chicas que han participado en el proceso son conscientes de las desigualdades que existen entre ellos. «No todos tenemos las mismas oportunidades socioeconómicas, ya sea por el lugar donde vivimos o el nivel económico de la familia que nos impide tener las necesidades básicas escolares cubiertas», señalan.

Por ello, proponen más becas, préstamo de materiales escolares, acceso a conexión a Internet gratuita para las familias vulnerables y clases más prácticas. «Tendría que haber cosas de más práctica, más experimentación, de más dejar la curiosidad de los niños», señala Daniel, de 17 años.

Educación

Según señala la Plataforma de Infancia, los datos sobre la inversión en educación en España «corroboran» la percepción de los chicos y chicas pues España destinó a educación el 4,26% del PIB en 2019, por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea (4,7% del PIB en 2019).

Además, las ONG de infancia precisan que, en España, los costos indirectos de la enseñanza obligatoria, como los libros de texto, el transporte y las comidas escolares, «dificultan el acceso a la educación». En el curso 2029/2020 cada hogar gastó de media 1.177 euros por estudiante. Además, un 82% de las familias señala que ha tenido que aumentar su gasto educativo a causa de la pandemia.

Los menores tienen claro que todos son iguales y tienen derechos, pero son conscientes de que «no todos y todas disfrutan de ellos». «Para el pleno desarrollo de un niño o una niña es indispensable que se cumplan, no se puede permitir que algún niño o niña no pueda disfrutarlos. Son muy importantes para crecer en las mejores condiciones», señalan.

En este sentido, proponen, entre otras medidas, revisar las leyes para asegurar que son igualitarias e integradoras para los colectivos vulnerables, reducir el precio de los bienes de primera necesidad o incluir especialistas sobre discapacidad en los centros educativos.

Vida saludable

Además, los chicos y chicas aseguran que tienen derecho a una vida saludable aunque reconocen que «es difícil mantener una dieta equilibrada si no hay dinero para comprar». También señalan que la pandemia por la COVID-19 les ha afectado mucho a nivel físico, mental y emocional. «La pandemia ha provocado que tengamos sobrepeso, estamos más tristes, dormimos peor, comemos peor y nos relacionamos peor», afirman.

Frente a esta situación, proponen aumentar las ayudas a las familias más vulnerables, asegurar el acceso a la electricidad, la calefacción, el agua caliente, limitar y regular el acceso de menores de edad a la comida no saludable, y más médicos y psicólogos para niños y niñas.

«Con un 27,4%, España es el tercer país de la Unión Europea con una mayor tasa de pobreza infantil, solamente superada por Rumanía y Bulgaria», ha explicado Ibarra, al tiempo que ha precisado que «en España la pobreza energética alcanza a un 16,7% de los hogares y se eleva por encima de la media en los hogares con hijos».

Además, ha avisado de que el impacto de la Covid-19 en muchos hogares vulnerables «ha producido un mayor deterioro de las condiciones socioeconómicas, lo que aumentará la desigualdad».

Otro tema que les parece importante a los niños y niñas es su derecho a la participación infantil. «No nos sentimos escuchados por las personas adultas ya que no toman en cuenta nuestra opinión, deciden sin consultarnos», protestan. Además, observan que por el hecho de ser menores de 18 años, no se les suele pedir consultar y cuando dan su opinión, no siempre se les toma en serio.

Por ello, proponen mayor difusión e información sobre participación y sobre las organizaciones donde poder participar, asegurando que llega a toda la infancia, incluyendo la más vulnerable.

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