Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal han solicitado a las fuerzas políticas un Pacto de Estado contra el fraude. Y una reforma tributaria para que los impuestos sean «suficientes, justos y progresivos».
Ante «la gravísima situación» que estamos viviendo en España como consecuencia de la COVID-19, la Plataforma ha elaborado un documento para que los políticos trabajen conjuntamente. Con el objetivo de «mitigar el daño de la pandemia a través de una reforma fiscal consensuada, para así avanzar en la justicia social a través de la justicia fiscal».
La Plataforma, de la que forman parte organizaciones y sindicatos, recuerdan que los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, «suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar. Y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente».
Los impuestos deben aplicarse «atendiendo a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica. Además, se debe asegurar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en el diseño y aplicación de la política fiscal».
Igualdad, generalidad y progresividad
Los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar. Y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente.
Deben aplicarse, aseguran «atendiendo a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica. Además, se debe asegurar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en el diseño y aplicación de la política fiscal».
Desgraciadamente, señalan desde la entidad, «los impuestos no se recaudan justamente: no paga más quien más tiene. Y así lo cree el ochenta y tres por ciento de la población, como así lo refleja el último estudio sobre opinión pública y política fiscal del CIS».
Es necesario adoptar las medidas de reforma necesarias para revertir esta situación.
Medidas que, apuntan, «habría que extender a la gestión del gasto público: una gestión que debería ser más transparente. Se debe exigir mayor responsabilidad a sus gestores y sensibilizar a la ciudadanía, todo ello con el objetivo de que la propia sociedad penalice los comportamientos defraudatorios».
Por todo ello se ha presentado a los partidos políticos un manifiesto para solicitar un acuerdo. Para «afrontar una reforma tributaria» para aplicar de manera justa los impuestos.
Impuestos directos
Reclaman «que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y
empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en
mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen».
Destacan que la reforma «debe poner coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos».
Esto debe incluir una «lucha decidida contra los mal denominados paraísos fiscales, que sería más acertado denominar guaridas fiscales, debiendo penalizar a cuantos se sirvan de ellos, directa o
indirectamente».
El acuerdo político que solicita debe incluir «un pacto de Estado contra el fraude fiscal que reduzca sustancialmente su elevado nivel». Y se dote a las Administraciones tributarias de los medios necesarios a tal fin «y desplazando la investigación hacia las grandes bolsas de fraude, mediante la intensificación del control tributario de grandes contribuyentes».
