Denuncian trato discriminatorio de la Junta de Andalucía hacia las personas con VIH

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El miércoles 9 de julio, la Junta de Andalucía abrió el plazo de recepción de solicitudes para la bolsa única de interinos y entre los requisitos a cumplir por las personas interesadas se incluía la obligación de aportar una declaración responsable de no pertenecer a ninguno de los colectivos reconocidos como personal especialmente sensible ante el SARS-CoV-2. Incluyendo una alusión expresa a las personas con el VIH.

Algo que desde las organizaciones ADHARA, CESIDA y Trabajando en Positivo consideran un trato “discriminatorio” y así lo denuncian a través de un informe enviado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía en el que remarcan la inconstitucionalidad de estas convocatorias y exigen una rectificación.

En abril, el Ministerio de Sanidad publicó el “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, con el objetivo que desde dichos servicios se evaluara la presencia de personal trabajador especialmente sensible al nuevo coronavirus dentro de los centros de trabajo. Y se adoptasen las medidas (flexibilidad horaria, teletrabajo, incapacidad laboral temporal) que les permitan seguir realizando su trabajo sin elevar el riesgo propio de su condición de salud.

De acuerdo a lo anterior, las organizaciones defienden que, al utilizar el listado de personas especialmente sensibles como criterio de exclusión en el acceso a un empleo, se pervierte su utilidad porque solo está prevista para la valoración individualizada del personal contratado.. Además, se enmarca en un trato diferenciado que no está justificado por falta de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, produciéndose un acto discriminatorio por la condición de salud de una persona.

Exclusión

Además, según denuncian las entidades, la Junta de Andalucía, de forma deliberada, incluye en el listado de personas especialmente sensibles a quienes viven con el VIH, un aspecto que no está reflejado expresamente en el listado reconocido por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, esto supone la exclusión automática de todo un colectivo de su derecho de acceso a un empleo o función pública.

Por ello, ADHARA, CESIDA y Trabajando en Positivo, junto a sus equipos legales, han remitido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía un informe en el que remarcan la inconstitucionalidad de estas convocatorias. Y en el que exigen la retirada del requisito de la declaración obligatoria de las próximas ofertas de empleo público a realizar por la Junta de Andalucía. Por otra parte, también han solicitado al Gobierno central que realice una consulta al resto de Comunidades Autónomas a la hora de identificar y/o impedir prácticas similares en sus respectivas convocatorias de empleo público.

Asimismo, afirman en el informe -realizado al respecto por la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá- que “la exclusión no pretende proteger ni la salud pública ni la salud de las personas especialmente sensibles al COVID-19 sino simplemente garantizar la capacidad para desempeñar el puesto de trabajo con continuidad. Algo que perfectamente pueden hacer las personas con VIH con un recuento elevado de CD4.

A las personas con VIH no se les puede negar o restringir su derecho de acceder a un puesto público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sobre la base de su condición de salud, salvo que se demuestre que no pueden realizar las funciones esenciales del cargo.

Es, por lo tanto, inadmisible constitucionalmente una norma que impida el acceso a la función pública de personas con VIH cuya incapacidad para hacer dichas funciones no se ha demostrado de forma fehaciente”.

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