CESIDA exige a la CAM que atienda a las personas migrantes con VIH

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Desde la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) se denuncia la situación de desamparo en que se encuentran las personas migrantes en situación administrativa irregular con el VIH en la Comunidad de Madrid.

“La Comunidad de Madrid se ha resistido desde el principio a aplicar el RD7/2018 que, aunque con sus carencias, devolvía el carácter de universalidad a las sanidad pública. Durante estos años, desde las ONG que atienden a este colectivo se ha trabajado para vincular a estas personas al sistema sanitario y con más dificultades que en el resto de España, se iba resolviendo. Sin embargo, desde hace ya unas semanas nos estamos encontrando con casos donde se retira la tarjeta sanitaria sin previo aviso a personas que estaban siendo atendidas. O se deniega el acceso en situaciones tan sangrantes como la de una mujer embarazada a la que se le acaba el tratamiento que traía de su país con el riesgo que esto implica para su salud y la de su bebé, ya que los fármacos impiden la transmisión durante la gestación o el parto. Esta situación se ha agravado desde la publicación la pasada semana de los requisitos exigidos para solicitar el «Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España» (DASE), que da acceso a la salud pública a estas personas”, ha declarado Reyes Velayos, presidenta de CESIDA.

Durante estos años en la Comunidad de Madrid el hospital Ramón y Cajal fue el centro de refugio para que desde las ONG se pudiera atender a estas personas, pero, con los nuevos requisitos, esto parece que va a dejar de ser posible.

“Nos parece increíble que en un contexto de crisis sanitaria global desde la Comunidad de Madrid se empecinen en poner trabas administrativas para atender a problemas de salud pública. En las recomendaciones realizadas por el Ministerio para la implementación del RD   7/2018 se establecía la figura del informe social para dar solución a situaciones concretas como la falta de documentación, empadronamiento o la existencia de condiciones de salud urgentes, algo que desde la Comunidad de Madrid parecen ignorar. Nos preguntamos entre otras cosas cómo van recibir la vacuna de la COVID-19 estas personas que están en situaciones de extremada vulnerabilidad social”, argumenta Ramón Espacio, secretario general de CESIDA.

El pasado 8 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el «anteproyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS» y pronto se iniciará el trámite parlamentario de enmiendas.

En la consulta pública de este proyecto de ley se establece como uno de sus objetivos garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población actualmente no incluida. “Desde CESIDA demandamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios que el texto final de esta ley que finalmente se apruebe blinde el derecho a la salud, reparando las carencias del RD7/2018 y dando la seguridad jurídica necesaria para impedir interpretaciones restrictivas por parte de las CCAA” manifiesta Reyes Velayos.

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