Plena Inclusión exige que se paralice el ingreso de personas con discapacidad intelectual en residencias de ancianos
Como ya hiciera el pasado mes de febrero, Plena inclusión ha solicitado ante el Consejo Nacional de la Discapacidad lleve al Consejo Territorial su petición de acabar con la discriminación que supone que personas con discapacidad intelectual mayores de 60 años dependientes sean derivadas a plazas en residencias de la tercera edad, que no cuentan con recursos ni apoyos específicos.
El pasado mes de enero el Tribunal Constitucional dio la razón a una persona que reclamaba su derecho a ser atendida en un centro con este tipo de apoyos específicos, entendiendo que se vulneraba el principio de igualdad ante la Ley y la necesidad de garantizar ajustes razonables ante este tipo de situaciones.
En los diferentes desarrollos reglamentarios de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, numerosas administraciones autonómicas han establecido una limitación de edad en el acceso de personas con discapacidad a plazas de atención especializada. Sin embargo, a principios de este año, el Tribunal Constitucional estableció que estos desarrollos reglamentarios y su aplicación constituían una discriminación, y vulneraban el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Lo hacía ante la demanda de una persona con discapacidad intelectual mayor de 60 años que había sido derivada por la Comunidad de Madrid a un centro de la tercera edad, y que reclamaba un centro con apoyos específicos a su discapacidad
