Organizaciones sociales exigen una sanidad universal

“Barreras administrativas, ambigüedad en la ley que puede dar lugar a interpretar de manera restrictiva la norma”

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Amnistía Internacional, RED ACOGE y Yo sí sanidad universal han pedido a representantes de las comunidades autónomas y de la Administración central (reunidos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) que se avance en un verdadero acceso universal a la salud.

Estas organizaciones solicitan la adopción urgente de un reglamento que clarifique la norma para garantizar el derecho a la salud de todas las personas sin discriminación. Asimismo, piden la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos.

Las organizaciones recuerdan que todavía se están viviendo situaciones de exclusión en el acceso a la salud, tal y como habían advertido, como consecuencia de que la actual norma se puede interpretar de manera restrictiva, limitando ese acceso a las personas migrantes en situación irregular. Por ejemplo, y en relación con el requisito de tres meses de estancia en España: a pesar de que está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia en España antes de acceder a la atención sanitaria.

El hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el RDL como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria, consideran las entidades. El periodo de tramitación no puede suponer la inacción del gobierno y de las CC.AA. para aplicar el RDL y evitar la desprotección a la que se están enfrentando muchas personas.

“Conviene recordar que uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas inmigrantes en situación irregular es el acceso al padrón municipal. Es necesario garantizar que ningún requisito administrativo se convierte en barrera insalvable para ninguna persona”, ha señalado Paloma García, responsable de Incidencia de RED ACOGE.

“Barreras administrativas, ambigüedad en la ley que puede dar lugar a interpretar de manera restrictiva la norma, falta de armonía en los procedimientos y requisitos para obtener la tarjeta sanitaria: cualquier obstáculo que presente esta norma debe ser abordado en la reunión del Consejo Interterritorial”, ha añadido Eva Aguilera, responsable de Incidencia Política en Médicos del Mundo.

Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrarse con dificultades para obtener determinados documentos. Las organizaciones denuncian que se pida a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable, especialmente para aquellas con menos recursos económicos.

“La exclusión también persiste para las personas que obtuvieron su permiso de residencia por ser padres y madres de ciudadanos comunitarios, y que siguen sin recibir la tarjeta sanitaria porque el gobierno, a pesar de múltiples sentencias en contra, se niega a ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que cumpla la normativa y les facilite la cobertura sanitaria”, denuncia Yo Sí Sanidad Universal.

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