La insoportable inestabilidad del IRPF ataca de nuevo

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La financiación del llamado Tercer Sector es una cuestión que trae de cabeza a todas las ONG. Año tras año, hay que luchar contra un enemigo invisible que amenaza con liquidar programas, servicios y equipos humanos. La actual tesitura de inseguridad y confusión impide a las organizaciones desarrollar proyectos a medio plazo y largo plazo para seguir atendiendo a los colectivos. Las personas que trabajan para el sector también se ven afectadas; viven en la incertidumbre y sin garantias de continuidad laboral.

La cuestión es que el IRPF representa la única financiación pública para algunas ONG en nuestro país. Este impuesto proviene de lo recaudado en la Declaración de la Renta, a través de la X Solidaria y se trata de una partida económica que el año pasado aportó 300 millones de euros repartidos entre organizaciones de acción social, de cooperación y medioambientales. Este modelo de reparto fue creado en el año 88 y se mantuvo con cierta estabilidad hasta 2017. En esa etapa todo fue más o menos estable, “pero el cambio en las condiciones que se impusieron en 2017 hizo que todo se tambaleara” cuenta Elena Rodríguez, Directora de la Plataforma del Tercer Sector. “Una sentencia del Tribunal Constitucional modificó el método que estábamos empleando” y con ella el futuro de las organizaciones pasó a ser totalmente incierto.

En realidad, la decisión judicial establece que el Estado no puede realizar asistencia directa a las personas asi que la Administración debe limitarse a financiar proyectos de investigación, incidencia política o de innovación social. El resto del “pastel” – es decir, la acción social directa- pasa a ser competencia de las Comunidades Autónomas. A ellas les corresponde, a partir de la sentencia, repartir el dinero en sus respectivos territorios de la manera en que mejor consideren. Ante esta circunstancias, el sector ha tenido que replantearse el modo de seguir prestando atención a las personas beneficiarias, alrededor de 7 millones. Elena Rodríguez explica que tras la decisión del Constitucional, la Plataforma del Tercer Sector tuvo que hacer auténticas filigranas para salvar a muchas entidades del cierre. Pero además se trataba de luchar por un nuevo modelo de financiación: “lo denominamos el doble tramo. El 80% lo distribuirían las CC.AA y el resto, un 20%, el Estado”. No obstante, este sistema ha resultado ser de una enorme complejidad y puede aumentar las desigualdades entre las organizaciones sociales, lo que deriva en una mayor precariedad del Sector. Elena Rodríguez recuerda una anécdota que explica bien la nueva situación: “a una ONG se le concedió una dotación económica de sólo 158 euros. Eso constituye un ejemplo claro de lo que ha supuesto el cambio, se trata de una microfinanciación”.

La directora de la PTS tiene muy claro cuál es el camino: “con los resultados de la anterior convocatoria y estando tan cerca de la próxima, lo que le pedimos al Ministerio es que se reformule el criterio de financiación para que esta situación deje de ser tan inestable. El 60% de nuestros presupuestos provienen de administraciones públicas; queremos dejar de ser tan dependientes porque esta situación se convierte para las organizaciones en una angustia anual”. En este contexto, lo que piden las ONG para atajar el problema es: “asegurar la financiación para que ninguna entidad tenga que echar el cierre, que se cree un compromiso con los programas que impulsamos y por supuesto, que se mejoren las políticas sociales que tan deterioradas han estado en los últimos años”, recalca Elena Rodriguez.

Lo cierto es que este 2018 las aguas del IRPF siguen agitadas. No obstante, la Plataforma del Tercer Sector se ha propuesto construir un futuro con tierra más firme: “Hay que enfocar los esfuerzos en crear un nuevo modelo de financiación que sea estable y sostenible, que permita a las organizaciones sociales llegar a esos sitios donde la administración pública no es capaz de hacerlo” sentencia Elena Rodríguez.

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